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Lo de la renovación del Consejo del Poder judicial es una demostración más de cómo la derecha más conservadora presiona con miedo y puede ganar la partida, como desde hace décadas, cada vez que ha percibido que España podía dar un salto cualitativo de modernidad. Y entiendo modernidad, no solo como la transformación de la sociedad en más democrática y liberal, en cuanto al respeto de las libertades fundamentales y en su visión del mundo y cultivo de hábitos cooperativos, sino también en su capacidad para mejorarse como organización de Estado; y en su eficiencia y equilibrio para reflejar su realidad histórica y cultural, desde la realidad humana de sus territorios, constituidos hoy en Comunidades Autónomas.

Y esta, la cuestión territorial, parece ser el punto neurálgico capaz de excitar los tics más autoritarios e intolerantes de esa derecha ideológica que viene de lejos; que organizó el golpe de Estado del 36 y se consolidó con la dictadura de Franco, imponiendo sus condiciones en el proceso de Transición. Y ahora, desde la investidura, esta derecha vuelve a la carga contra el Gobierno de coalición, que cuenta con amplio respaldo parlamentario, porque está buscando un nuevo acuerdo de convivencia nacional, y con Catalunya como espolón, en un proceso federal; un modelo distinto al avalado por la política del siglo XIX y XX y, particularmente, el franquismo.

Y esa confrontación, guerracivilista ante la fortaleza del Gobierno, se ha trasladado al poder judicial. La tan ansiada reforma del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, ahora, parece que para el PP es urgente. El gobierno popular tuvo en su mano la reforma que ahora exige y no lo hizo porque, con su mayoría absoluta, la última reforma el poder judicial se hizo a su merced. Con el cambio de mayorías, sus posibilidades de seguir manteniendo a los jueces sujetos a su disciplina ideológica eran mínimos, por lo que obstruyó cualquier posibilidad de acuerdo. Recuérdese que cuando en los primeros meses de legislatura después de la investidura se había llegado a un acuerdo para la renovación de cargos, este se malogró por la indiscreción de un diputado popular, que se jactó de que habían colado un gol al nuevo presidente porque la mayoría decisoria seguiría en manos de los jueces conservadores. ¿Se acuerdan, no? Esos son los compromisos que firmaría siempre el PP: tener la sartén por el mango. Pero, si la regla vigente es que decide el Parlamento, debe ser este por mayoría quien tome la decisión. ¿Mayoría? Claro.

El PP, ante la posibilidad que pudiera perder su mayoría absoluta, cambió la ley para que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se tomara por mayoría cualificada, de modo que siempre tuviera la llave del poder de decisión. Eso, en cualquier democracia consolidada hubiera sido motivo de escándalo y un tribunal habría podido iniciar un procedimiento asimilable al cohecho. Pero claro, se puede dudar de un político, pero nadie puedo dudar de la honorabilidad de un partido político. Eso no es posible, ni siquiera sería pensable ¿Verdad? Pero, ya que lo planteo aquí, ¿y si ese fuera el caso?

En Europa funcionan varios modelos para elegir al gobierno de los jueces. Desde uno similar al español, en Italia, a otro en el que el peso está en los Estados federados, caso de Alemania. El periódico El País publicaba un documentado reportaje sobre el tema: ‘El poder judicial en Europa…’ (12/9/2021), que orienta con bastante claridad que nada está escrito sobre qué sistema garantiza mejor la independencia de los jueces. De modo que el sistema que se establezca es, legítimamente y conceptualmente, opinable. Pero, lo que es evidente, es que cuando un partido cambia de criterio cuando está en el poder o en la oposición, es que sabe que uno u otro sistema favorece su interés que es, obviamente, influir en los procesos y las sentencias judiciales.