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El debate sobre si hay que imponer límites a la saturación turística y demográfica ha vuelto a suscitarse, esta vez con más entidad política debido a que la presidenta regional, Francina Armengol, ha avanzado lo que llama la «súper población» o el «reto demográfico» baleárico como futuro elemento de negociación en la reforma de la financiación autonómica, cuando ésta se abra.

En el debate parlamentario de la semana pasada sobre la orientación política general del gobierno balear, Més per Menorca aprovechó lo que dice Armengol para pedir la imposición de limitaciones para su isla ante «la saturación demográfica y turística».

Los ecologistas hace tiempo que están en ello, para el conjunto regional. «Sin límites no hay futuro», dice un eslogan de los activistas verdes que ya tiene unos años. Nada nuevo, por tanto. La diferencia, como se ha dicho, es que esta vez la presidenta ha elevado al plano político lo que hasta ahora estaba acotado a esos ambientes activistas. No es baladí. Por primera vez está emergiendo el debate sobre el fenómeno social más importante de la contemporaneidad baleárica: la inmigración.

En efecto, ésa es la consecuencia más visible del sistema de producción. El brutal incremento demográfico fruto de la mano de obra que viene a buscar trabajo en un desbocado modelo turístico que ha visto crecer el número de turistas entre 2000 y 2019 -justo antes de la excepcionalidad de la pandemia - en un 47%. Al mismo tiempo que la población lo ha hecho en un 22% (36% en Palma). Imponer topes a la inmigración no es posible. No lo plantea, ni siquiera como opción teórica, ningún partido u organización ecologista. Lo pidió hace muchos años, en 2002, la que era en ese momento presidenta de Unión Mallorquina y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar. Pero nadie lo reclama hoy. Sí que, en cambio, cada vez más ámbitos piden al menos debatir sobre cómo se podrían establecer nuevos límites –y agravar los existentes – para preservar no ya el territorio sino el bienestar social.

Ahí está el quid de todo. Porque esos incrementos turísticos y demográficos tan importantes en estos últimos veinte años no han supuesto más riqueza social sino una caída del primer al séptimo puesto de nuestro PIB per cápita. Es una mera estadística, que connota una progresiva degradación de nuestro general nivel y calidad de vida: cada año consumimos más agua –un turista, unos 500 litros; un residente, unos 170 -, más electricidad, tenemos más coches de alquiler colapsando carreteras –en esas dos décadas han aumentado, al menos, en un 300% -, aparcamiento imposible en muchos lugares, crónico déficit de transporte público, aumento de la polución, colapso del tráfico… Por no hablar de la saturación sanitaria -con listas de espera como nunca -, educativa – aumento de las ratios, déficit de profesores y especialistas de apoyo - … O los problemas de convivencia -ruidos, sobre todo - que son tan habituales como que las autoridades ni se ocupan de ellos.

Objetivamente, el modelo de producción baleárico está afectando de forma negativa al conjunto social. No hay otra opción que decrecer. O decrecemos en el número de turistas o arruinaremos no el futuro a largo plazo sino a medio e incluso el inmediato a corto. De hecho ese empobrecimiento cuantitativo y cualitativo ya es el presente. Hay que cambiar el modelo. Se puede hacer. Aunque habría elevados costes, sin duda alguna. Por eso se requiere de la ayuda estatal. Como se dio, en su día, a las regiones mineras. Porque se trata de una reconversión productiva. Con todo lo que esto supone.

El tiempo para reaccionar se está agotando. O se cambia el modelo o seguimos con él hacia el empobrecimiento general de la sociedad isleña.

El debate ha empezado.