Las multas por la práctica del botellón son algunas de las que se podrán conmutar por trabajos comunitarios. | Click

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Diez años después de que se recogiera en la Ordenanza Reguladora del Uso Cívico de los Espacios Públicos (ORUCEP) en Palma sigue siendo imposible conmutar multas económicas por incivismo, como las del botellón, por trabajos en beneficio de la comunidad.

Pero esto cambiará pronto, ya que fuentes del área de Seguretat Ciutadana aseguran que se está trabajando en una propuesta de reglamento para hacer efectiva esta posibilidad. Informan de que se realizó una primera propuesta que los servicios jurídicos del Ajuntament rechazaron y ahora se trabaja en una nueva.

Las fuentes explican que se detectaron complicaciones técnicas a la hora de definir el marco regulador, «pues hay tantos supuestos que se tiene que estudiar bien de qué forma hacer efectiva esta posibilidad».

Esta opción existe desde hace años en numerosas ciudades españolas como, por ejemplo, Zaragoza, Guadalajara, Balmaseda (Vizcaya), Málaga, San Sebastián o Bilbao. En el caso de esta última ciudad, el ayuntamiento informó de que había constatado «los beneficios de un programa proyectado para reconducir la conducta de los jóvenes sancionados por botellón o por gamberrismo».

Entre los trabajos comunitarios que se ofrece a los infractores en Bilbao están el participar en campañas para concienciar de las consecuencias perjudiciales de actos como los que ellos han practicado, colaborar en el cuidado de comedores escolares o acompañar a personas mayores.

En el caso de la ordenanza de Palma, el artículo 14 indica que «las autoridades competentes fomentarán que las sanciones sean sustituidas por trabajos en la comunidad como herramienta educativa».

Pero es en el artículo 22 donde se habla específicamente de la sustitución de las sanciones por trabajos en beneficios de la comunidad. Así se establece que «el Ajuntament puede sustituir la sanción por medidas correctoras como la asistencia a sesiones formativas, la participación en actividades cívicas y otro tipo de trabajos para la comunidad». Estas medidas «han de ser proporcionadas a la sanción que recibe la conducta infractora».

La ORUCEP contempla multas de 1.500 a 3.000 euros para las infracciones muy graves; de 750 a 1.500 euros para las graves, y de 100 a 750 euros para las leves.