Imagen del mural del hotel Artmadams, en Son Armadans. | Redacción Local

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La propiedad del hotel Artmadams ha iniciado una recogida de firmas en apoyo al mural que el artista José Luis Mesas pintó en su fachada y que el Ajuntament de Palma obliga a retirar por carecer de licencia.

La recogida se realiza en la web www.artmadams.es y se inició el viernes por la noche. En estos momentos ya supera las 1.500 firmas a favor, que junto a las que se recaben de aquí al pleno servirán para reforzar la demanda de protección de la pintura.

La campaña se acompaña de una petición por escrito al alcalde de Palma, José Hila, en la que se le reclama una solución «que ponga fin al gran desasosiego que nos ha creado la imposición del Ajuntament de borrar el mural». «Señor Hila, no destruya usted el arte y la iniciativa privada», se pide al primer edil.

También se resalta la importancia de la iniciativa privada del propietario del hotel, Jaime España, «que ha decidido hacer una enorme inversión tanto en exteriores como en interiores de su establecimiento a fin de convertirlo en un referente del arte en la capital del Archipiélago». Por otro lado, la propiedad también ha solicitado una reunión con responsables de Patrimonio del Consell de Mallorca para que puedan estudiar su posible protección como bien de interés artístico.

Además, desde el grupo municipal del PP también está previsto la presentación de una propuesta para que el mural se declare fachada de interés turístico municipal, explicó España.

Todo ello mientras propietario del hotel asegura que todavía no ha recibido la notificación de Cort en la que se indica la obligación de retirar el mural, en el que ha invertido cerca de 150.000 euros. Una vez recibido el plan de España es recurrir a la vía legal.

Como se recordará, la Gerència d’Urbanisme aprobó hace unos días denegar la legalización de la pintura «por criterios estrictamente técnicos de protección del patrimonio e impacto visual en un barrio singular», y ordenar su retirada en un plazo de 30 días. Si transcurrido este tiempo no se ha suprimido se impondrán multas coercitivas.

La multa inicial se calcula en base al 10 por ciento del coste de la intervención, es decir alrededor de 15.000 euros, y el procedimiento prevé la interposición de multas mensuales por el mismo importe hasta su retirada definitiva y con un máximo de doce meses.