La Coordinadora de Interinos ha llevado a cabo varias protestas a lo largo del último año para denunciar el abuso de la temporalidad en la Administración pública. Reclaman estabilidad para sus puestos sin tener que concurrir a una oposición masiva. | L. BECERRA¶

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Las administraciones públicas de Baleares (Govern, consells y ayuntamientos) deberán sacar a concurso-oposición las plazas que en estos momentos están ocupadas por interinos con el fin de atajar la temporalidad pública.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto pactado el lunes entre el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y representantes de los tres sindicatos mayoritarios en la Administración (CCOO, UGT y CSIF).

En las Islas, esta medida afectará a cerca de 20.000 plazas públicas ocupadas por personal interino, según CCOO, aunque la Coordinadora de Interinos elevó la cifra en cerca de 30.000. Representan más del 30 % del total de trabajadores públicos de Balears. Desde el Govern, indicaron que las diferentes administraciones están calculando las plazas que se deberán sacar a concurso-oposición.

Tres años

La medida afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018. El plazo que tienen las administraciones públicas para regularizar el proceso es de tres años, que se reduce a uno en los ámbitos de educación y salud. Todas las plazas deberán estar adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.

A las convocatorias de estas plazas podrá presentarse cualquier ciudadano que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria del concurso oposición, que se guiará por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Se trata de un aspecto que valoró el secretario general de la Federación de Servicios a la ciudadanía de CCOO, Pep Ginard. No obstante, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público se valorará la experiencia adquirida en el puesto, hasta un 40 % en el cómputo global, lo que beneficiará a los interinos que actualmente ocupan esas plazas.

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Los funcionarios interinos o el personal laboral temporal que no logren una plaza tendrán derecho a una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta 12 mensualidades. Además, podrán ser incluidos en bolsas de empleo de interinos específicas o en bolsas ya existentes.

El real decreto, sin embargo, no contenta a todos los afectados. Tanto la Coordinadora de Interinos –con presencia en Baleares como en el resto de España– como el STEI-i mostraron ayer su descontento. Isabel Reynés, miembro de la Coordinadora de Interinos, plataforma que en el último año ha impulsado varias protestas para denunciar su situación, consideró que este real decreto «llega tarde y mal». En su opinión, sirve para atajar la temporalidad pública de cara al futuro, pero «no soluciona la situación de los interinos que ya sufren abuso de temporalidad». «No pueden indemnizarte con 20 días por año trabajado y ya, es una miseria», concluyó, al tiempo que indicó que se «favorece la entrada de gente joven y se penaliza a los trabajadores públicos que llevan años en la Administración».

«El documento es decepcionante a más no poder», indicó el STEI-i a través de un comunicado. El sindicato sostiene que «se condena a miles de interinos al paro» y que se abre un escenario de «conflictividad litigiosa que no beneficia a nadie». Aseguran, al igual que la Coordinadora de Interinos, que no se cumple con la normativa europea.

Uno de los motivos por los que el Gobierno ha aprobado el real decreto para estabilizar los puestos ocupados por interinos es que España es uno de los países con más temporalidad pública de la Unión Europea. Tanto el Tribunal de Justicia Europeo como el Tribunal Supremo ya han reconocido el abuso de la temporalidad pública en España. Sin embargo, la solución del Gobierno «va en contra de la normativa europea, que ha determinado que en ningún caso la solución al abuso de la temporalidad puede pasar por convocatorias masivas de oposiciones», según el STEI-i.

«Perjudica a los que ya tenemos abuso de temporalidad»

Isabel Reynés, miembro de la Coordinadora de Interinos fue tajante respecto al real decreto: «Perjudica a los que ya sufrimos el abuso de temporalidad». Indicó que lo ven con buenos ojos de cara al futuro, es decir, para evitar este abuso. Sin embargo, «no para los interinos y personal temporal laboral que hace años que están en esta situación». Consideró que reivindican medidas extraordinarias para estos trabajadores, esto es, «estabilidad acorde a lo que estipula la normativa europea». «Esto va a suponer un ERE encubierto», denunció.